La Inspección General de Justicia (IGJ) ha dado un importante paso hacia la consolidación de la legalidad y la transparencia en la administración pública con la creación del Servicio Jurídico Permanente. Este organismo será responsable de intervenir en los procedimientos administrativos que se realicen ante la IGJ, garantizando un control previo de legalidad mediante la emisión de dictámenes jurídicos en los casos en que se afecten derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, tal como lo establece el artículo 7°, inciso d) de la Ley N.º 19.549 (LPA).
Tal decisión tiene como finalidad asegurar el control previo de legalidad de la actividad administrativa y garantizar la vigencia de la noción de Estado de Derecho adoptada por la Nación Argentina como uno de los rasgos esenciales —PTN Dict. 236:631—, pero además, como respuesta a la decisión de la CSJN en el caso “Asociación Civil Universidad del Salvador” (Fallos 347:1802, sentencia del 21/11/2024).
El Servicio Jurídico Permanente dependerá directamente del Inspector General de Justicia y estará liderado por un abogado con más de cinco años de experiencia profesional. Este profesional será designado de acuerdo con el Decreto N.º 1148/2024 y se integrará al Cuerpo de Abogados del Estado.
Hasta que el titular de este servicio sea designado, se ha dispuesto un mecanismo transitorio: la Jefatura del Departamento de Asuntos Judiciales, a cargo de la Dra. Susana Elba Álvarez, asumirá la responsabilidad de emitir y firmar los dictámenes jurídicos necesarios. En caso de ausencia de la Dra. Álvarez, esta tarea recaerá en el Dr. Edgar Joaquín Raña Sa, quien actuará como suplente.
La Resolución completa se encuentra disponible en https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/319433/20250109