El 10 de marzo de 2025 se promulgó la Ley 27.786, una norma que redefine la estrategia de persecución del crimen organizado en Argentina. Su objetivo es dotar al Estado de herramientas más efectivas para investigar y sancionar a las organizaciones criminales, estableciendo un esquema de cooperación entre la Nación y las provincias.
Si bien la ley se enfoca en delitos graves, su alcance no se limita a las fuerzas de seguridad y al ámbito judicial: las licenciatarias TIC, plataformas digitales y otros proveedores de servicios de comunicación tendrán un rol clave en la implementación de ciertas disposiciones, en particular en lo relativo a la interceptación de comunicaciones.
⚖️ Puntos clave de la ley
🔹 Definición de organizaciones criminales: Se consideran como tales a los grupos de al menos tres personas que actúan coordinadamente para cometer delitos graves, como narcotráfico, corrupción, trata de personas y otros previstos en la ley.
🔹 Creación de zonas sujetas a investigación especial: En determinadas áreas del país, la justicia federal asumirá el control de las investigaciones sobre crimen organizado, incluso si los delitos estaban inicialmente en jurisdicción provincial.
🔹 Nuevas herramientas para las fuerzas de seguridad: La ley habilita medidas como detenciones extendidas, requisas en establecimientos penitenciarios, incautación de activos y decomiso anticipado de bienes vinculados a organizaciones criminales.
🔹 Interceptación de comunicaciones: Se refuerzan las facultades para interceptar llamadas, mensajes y datos de comunicación en investigaciones criminales, mediando requerimiento judicial previo con un supuesto excepcional donde se habilita a continuar una interceptación bajo requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
📡 Interceptación de comunicaciones
Uno de los puntos más polémicos de la ley es el artículo 6 inciso f, que permite la interceptación de comunicaciones en casos de urgencia sin una orden judicial previa, con autorización del Ministerio Público Fiscal y con la obligación de informar a un juez en un plazo de 24 horas.
Este mecanismo representa un cambio significativo en la normativa vigente. Hasta ahora, en Argentina solo era posible interceptar comunicaciones con una orden judicial previa, sin excepciones. Si bien la nueva ley mantiene un control judicial posterior, su constitucionalidad podría ser cuestionada porque admite la interceptación de comunicaciones a requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
📌 Antecedente legal: En el fallo Halabi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 45 bis y ter de la ex Ley de Telecomunicaciones (19.798), por afectar el derecho a la privacidad. Las modificaciones introducidas en 2004 por la Ley 25.873 admitían que el Ministerio Público realizara requerimientos para la captación y derivación de las comunicaciones, así como otra información relacionada. En contraposición, la Ley 27.786 exige el control judicial posterior, revestir el carácter de urgente y estar relacionada con interceptaciones previas que hayan sido autorizadas judicialmente.
Para las empresas del sector de telecomunicaciones y tecnología, esto implica nuevos desafíos en el procesamiento y cumplimiento de los requerimientos que reciben. Es previsible que aumente la cantidad de requerimientos judiciales y administrativos para interceptaciones en el marco de investigaciones por crimen organizado, como así también las objeciones judiciales a esta Ley.
🏢 ¿Cómo deben prepararse las empresas?
📌 Revisión de protocolos internos: Las Licenciatarias TIC y plataformas digitales deberán ajustar sus procedimientos para responder a requerimientos en el marco de esta ley, asegurando el cumplimiento de las disposiciones y los tiempos establecidos.
📌 Asesoramiento legal y compliance: Dado que la ley introduce cambios que podrían generar litigios, es clave contar con asesoramiento especializado para evaluar los riesgos y definir estrategias de respuesta ante pedidos de interceptación.
📌 Capacitación y sensibilización: Los equipos legales y técnicos de las empresas deben estar preparados para actuar con rapidez y garantizar que las respuestas a requerimientos se realicen en conformidad con la normativa aplicable.
🏛️ Conclusión
La Ley 27.786 representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, pero también impone nuevos desafíos a empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones. La anticipación y el cumplimiento riguroso de la normativa serán clave para minimizar riesgos legales y operativos.
En nuestro estudio jurídico, brindamos asesoramiento especializado en Derecho Regulatorio, Compliance, Derecho Penal y Data Privacy para empresas que deban responder a requerimientos bajo esta nueva regulación.