REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO

17.07.19

Hernán D. Camarero

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 489/2019 -modificatorio del Decreto Nº 918/2012 (congelamiento administrativo de bienes vinculados a actividades de terrorismo y su financiamiento)-, que crea un registro público, electrónico, seguro, único y específico –REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET)– para brindar acceso público e intercambio de información sobre personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiación, con las agencias con competencia en la materia y con terceros países, y así facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

Cumpliendo exigencias internacionales y propendiendo a fortalecer el marco legal e institucional vigente en el país, el decreto ordena y centraliza en un único organismo, toda la información relacionada con las personas y entidades sobre las que haya recaído una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute o admita una investigación por alguno de los delitos de terrorismo y/o su financiamiento (Arts. 41 quinquies y 306, Código Penal), las incluidas en las listas del Consejo de Seguridad de la ONU, y congelamientos administrativos de activos vinculados al terrorismo y su financiación.

Además, se prevé la posibilidad de registrar todos los precedentes y actos procesales relevantes relacionados con la instrucción de procesos penales en los que se investigue la participación de personas humanas, jurídicas o entidades en actos de terrorismo o en su financiamiento.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será la autoridad encargada de dictar las normas complementarias, operativas y procedimentales necesarias para la aplicación de esta norma.

Por su parte, en 2021 el GAFI evaluará el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema nacional de prevención y combate al lavado de activos y la financiación de nuestro país.