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Constitucionalidad de los Derechos de exportación a países miembros del MERCOSUR

12/12/2014 - Por Damián Navarro/ Jorge Tützer/ Diego Fraga

El 11 de diciembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa Whirlpool Puntana SA y declaró constitucional las resoluciones que establecen derechos de exportaciones cuando se trata de exportaciones a países miembros del Mercosur.



La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al revocar –por mayoría- la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, hizo lugar a la pretensión de Whirlpool Puntana SA y dejó sin efecto dos resoluciones del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, de la Dirección General de Aduanas, que habían rechazado sendas impugnaciones efectuadas por la actora contra la liquidación de derechos de exportación respecto de los permisos de embarque.

Contra tal sentencia, el Fisco Nacional -Dirección General de Aduanas- interpuso recurso extraordinario que fue concedido.

La cuestión que se planteó en la causa radicó en determinar si los derechos de exportación instituidos mediante la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura se encuentran en pugna con las disposiciones del Tratado de Asunción, aprobado por nuestro país mediante la Ley Nº 23.981. Es decir, si el Tratado de Asunción prohíbe a los países del Mercosur a establecer derechos de exportación. En caso de ser así, la resolución 11/02 resultaría invalida, por gozar el tratado de jerarquía superior. El Tratado de Asunción es un acuerdo internacional que integra el ordenamiento jurídico de la Nación con rango Supra legal.

La Corte afirmó que no puede concluirse que el referido Tratado imponga la prohibición de establecer tales derechos, corno una exigencia concreta y perentoria. Ello es así, ya que por tratarse de un proceso de integración en constante evolución, diferentes pautas se pueden establecer con posterioridad a la creación del Tratado.

Se resalta lo señalado por el señor Procurador General en el dictamen al que se remitió al fijar su opinión en la causa Sancor, en cuanto a que no hay en el Tratado constitutivo del MERCOSUR ninguna norma que, de manera directa, imponga los estados miembros la obligación de abstenerse a establecer derechos de exportación a las mercancías con destino a los países miembros. Para sostener esto se hace una interpretación del artículo 2º del Tratado de Asunción, en donde se establece que el Mercado Común "estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones de los Estados Partes". De ello se sigue que tales derechos y obligaciones deberán estar clara y concretamente establecidos, y que no resulta válido entender que un Estado -en el caso, la República Argentina- se haya obligado a no imponer, o eventualmente a derogar, derechos de exportación, por la sola inferencia que podría resultar de las disposiciones anteriormente mencionadas.

Por último, la Corte hizo una breve comparación entre el Tratado de creación del Mercosur y, y el Tratado de Roma por el cual se constituyó la Comunidad Economía Europea. Señala que en este tratado se dispuso de manera expresa la prohibición entre los Estados Miembros de ”restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente" y se obligó a aquéllos a suprimir las que existieran a la entrada en vigor de ese Tratado "a más tardar, al final de la primera etapa" (art. 34). En el Tratado de Asunción, no se incluyó una cláusula equivalente a la adoptada por la Comunidad Europea lo que la Corte considera un aspecto relevante que justifica la decisión.

Así, la Corte concluyó que no existe incompatibilidad entre lo dispuesto por el Tratado de Asunción y las medidas establecidas por el Estado Argentino.

Esta decisión se contrapone con el criterio del Tribunal Permanente del Mercosur. El Tribunal Permanente tuvo escasas tres opiniones consultivas hasta ahora, la última de las cuales fue en el 2009. Justamente en ese caso, girado por la Corte Suprema de Uruguay, se le consultó si cierta “tasa consular” al comercio exterior, impuesta por el gobierno uruguayo, vulneraba o no el Tratado de Asunción. El Tribunal concluyó que primero la autoridad competente uruguaya debía definir si la “tasa consular” era una tasa o un impuesto. Adelantó que si fuera un impuesto podría haber una colisión con las normas del Mercosur. En el caso de los derechos de exportación de Argentina esa discusión tendría menos sentido ya que los derechos de exportación son impuestos, por lo que es razonable que el Tribunal Permanente del Mercosur concluya que se oponen al Tratado.

En definitiva, la decisión de la Corte en el caso Whirlpool Puntana SA es contraria a considerar al MERCOSUR como un proceso de integración de libre comercio, habilitando el cobro de derechos de exportación a mercancías con destino a los países miembros. Ello lleva a preguntarse entonces, ¿para qué sirve el MERCOSUR?

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