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Registro de Acciones Colectivas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

24/09/2014 - Por Frene, Lisandro / Navarro, Damián

El pasado 23 de septiembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión SA s/ amparo y revocó la medida cautelar que ordenaba a Cablevisión refacturar el servicio prestado a los usuarios del partido de Berazategui con sujeción a las resoluciones 50/10 y 36/2011 de la Secretaría de Comercio Interior. Tales resoluciones ordenaban percibir un abono de $ 109 o $ 116 según los meses de que se trate, obligando a la empresa a abstenerse de interrumpir o modificar el servicio hasta tanto se resuelva la cuestión suscitada.



Al considerar admisible el remedio federal interpuesto por Cablevisión SA contra la sentencia de la Cámara que confirmó la cautelar mencionada, la Corte señaló que lo discutido en el pleito se vincula a una materia federal y configura un supuesto de relevancia institucional toda vez que la sentencia en recurso excede el mero interés individual de las partes afectando de manera directa el de la comunidad.

Para fundar su decisión la Corte señaló que el municipio carecía de legitimación para iniciar esa acción ya que no tiene facultades para el contralor y juzgamiento de infracciones a las normas jurídicas que regulan el mercado y son dictadas por las Autoridades Nacionales, excediendo la normal competencia del municipio de velar por la administración de los intereses locales.

Además, la Corte destacó que no se había cumplido con el debido proceso al no considerar la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Mar del Plata que suspendió los efectos de las mencionadas resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior. Sobre este tema, la Corte destacó que para evitar sentencias contradictorias y la gravedad institucional que ello podría conllevar resulta necesario la creación de un Registro de Acciones Colectivas en el que deban inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país.

Es decir, en ese Registro habrán de inscribirse las acciones iniciadas en relación con derechos de incidencia colectiva cuya tramitación y resolución por distintos tribunales podría llevar al escándalo jurídico de sentencias contradictorias.

La creación de ese Registro se realizará a través de una acordada de la Corte, que se encuentra pendiente al día de la fecha.

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