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Modificación a la Ley de Basura Cero: posibilidad de termovalorización de residuos en CABA

28/05/2018 - Por Navarro, Damián / Olaso, María del Pilar

El 23 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial de CABA la Ley Nº 5966 que aprobó modificaciones a la Ley de Basura Cero y permitió la posibilidad de tratamiento de residuos por medio de combustión con recuperación de energía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



En ese sentido, la Ley prohíbe la combustión de residuos sólidos urbanos sin recuperación de energía y la contratación de tales servicios. Asimismo, se exige que la termovalorización de residuos se realice únicamente luego de la recuperación y/o reutilización de los residuos. Es así que se prioriza la separación de residuos y la selección de materiales de ser reciclados antes de la combustión.

Además, se modificó las metas a cumplir para la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos que se depositan en rellenos sanitarios. Así, se establece reducir en un 50% para el 2021, 65% para el 2025 y un 80% para el 2030.

Para cumplir con esas metas es muy importante la posibilidad de desarrollar proyectos de termovalorización de residuos que deberán cumplir con estrictas reglas según métodos o tecnologías bajo directivas europeas, límites para emisiones a la atmósfera y gestión de residuos resultantes. Específicamente, se exige:

a. Utilización de métodos o tecnologías que aseguren el cumplimiento de los estándares de eficiencia energética definidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como sus actualizaciones posteriores.

b. Límites para las emisiones a la atmósfera producto de la combustión de residuos que no podrán superar los límites establecidos en el Anexo VI, Parte 3, de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

c. Gestión de los residuos resultantes de la combustión según las normas vigentes para el tratamiento de residuos, en particular las cenizas volantes que deben ser consideradas como residuos peligrosos.

La realización de tales proyectos será posible, además, mediante procesos tradicionales de contratación o a través del régimen de Contratos de Participación Público-Privada (PPP) al que el Gobierno de la Ciudad adhirió recientemente mediante la Ley Nº 5.916

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