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I.G.J. – Resolución General 9/15 (modificación 7/15)

28/10/2015 - Por Gallo, Dolores M. / Peña, Tomás

Con fecha 28/10/15 la I.G.J. dio publicidad a la Resolución General Nº 9/15, la cual complementa la regulación de ciertos puntos incorporados en la reciente Resolución General Nº 7/15.



Los puntos más destacables son los siguientes:
- Fideicomisos: Se ratifican los criterios adoptados por I.G.J. respecto de su competencia sobre la registración de tales contratos. Expresamente se establece que deberán inscribirse todos los contratos y/o reformas a los mismos operadas con posterioridad al 1 de agosto de 2015 (entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación), incluyendo como requisito acompañar el contrato original cuando se trate exclusivamente de una reforma, aun cuando su fecha preceda la antes mencionada. Se incorpora la posibilidad de que la IGJ solicite la inscripción del contrato de fideicomiso en actos registrables de sociedades entre las que se cuente a un fiduciario como accionista.
- Garantía de los administradores societarios (directores y/o gerentes): Como regla general el órgano de administración debe en forma conjunta constituir una garantía equivalente al 60% del Capital Social (distribuida tal cifra en igual forma para cada miembro titular). Tal garantía tiene un tope mínimo de $ 10.000.- y un máximo de $ 50.000.- por cada administrador.
- Declaración Jurada Anual de Beneficiario Final (persona humana/física con participación igual o superior al 20% del Capital Social, directa o a través de otras personas físicas o jurídicas): Todas las personas jurídicas y los fideicomisos bajo el control de I.G.J. deberán presentar anualmente una Declaración Jurada sobre sus Beneficiarios Finales. La misma deberá ser firmada por el representante legal y beneficiario final, con firma certificada notarialmente o por el dictaminante interviniente. La I.G.J. exigirá por primera vez el cumplimiento de la misma en el primer acto registral que se presente o, en su defecto, al llegar el 31 de diciembre de 2016. A partir de dicha fecha corresponderá su cumplimiento por cada año calendario. En caso de incumplimiento de esta obligación la IGJ podrá aplicar las sanciones de apercibimiento y multa previstas por la Ley 22.315. En adición a ello, entendemos que la IGJ podría asimismo denegar la inscripción del acto sujeto a registración.

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