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Ilegitimidad de los regímenes de retenciones y percepciones impositivas en las provincias

08/05/2015 - Por Fraga, Diego N. / Navarro, Damián

En los últimos años los regímenes de retenciones y percepciones en las provincias han generado costos adicionales a las empresas por las obligaciones que surgen para su cumplimiento, el adelantamiento de impuestos, los constantes cambios de alícuotas que ocasionan incumplimientos formales (con la consiguiente aplicación de sanciones), y enormes obligaciones por la presentación periódica de declaraciones juradas.



Recientemente, algunos juzgados provinciales han comenzado a otorgar medidas cautelares para suspender la aplicación de esos regímenes cuando se verifica una violación al principio de legalidad, ya que es bastante común que estos regímenes sean impuestos por resoluciones de las respectivas Direcciones de Rentas y carezcan de una ley previa que los justifique.

Así, por ejemplo, en la causa “Banco C.M.F c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad” (3/2/2014) la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán declaró la inconstitucionalidad del régimen de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, porque consideró que ese régimen vulnera el principio de proporcionalidad ínsito en los artículos 28 y 33 de la Constitución nacional, el principio de legalidad para el establecimiento de deberes personales sentado por los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la Constitución de Tucumán, así como el principio de igualdad ante el reparto de las cargas públicas contenido en el artículo 16 de la Constitución nacional. En el mencionado caso, el Banco cuestionó el Régimen porque se fundaba en una resolución sin sustento en ley y porque producía un trato diferencial y gravoso en perjuicio de las entidades financieras con asiento territorial fuera de la provincia de Tucumán, puesto que se imponía para éstas un sacrificio extremadamente intenso, o lo que es lo mismo en este caso, huérfano de todo sustento tangible.

Más recientemente, en la causa “Abastecedora del Norte SRL c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad” (25/03/2015), la misma Sala de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán volvió a declarar la inconstitucionalidad del régimen de percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los motivos anteriormente citados. En este caso, el actor sí poseía domicilio en la referida provincia y cuestionó especialmente los gravosos costos que le generaba ser agente de percepción.

Tales precedentes se alinean con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, recientemente, ha limitado el accionar de los fisco provinciales cuando pretenden ejercer sus facultades en forma extraterritorial (“Asociación de Bancos de la Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia de fecha 15/7/2014).

En efecto, por principio, las leyes impositivas de las provincias deben operar sobre personas bienes y actividades domiciliadas, ubicados y desarrollados dentro de su espacio político territorial dentro del cual pueden ejercitar su poder tributario mediante el dictado de una ley, u ordenanza en el caso de los municipios. Por ello, si una provincia pretende extender su sistema tributario a otras jurisdicciones, ello implica una extralimitación ilegítima de su potestad fiscal.

Otra cuestión polémica en el accionar de ciertas autoridades fiscales es el reclamo a aquel agente que no realizó la percepción cuando la ley dice que es responsable solidario. A este respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán, en la Sentencia Nº 1316 (22/12/2008) rechazó que la responsabilidad entre el agente de percepción sea mancomunada y entendió que si la ley que regula en forma específica o genérica el tributo de que se trata, declara expresamente la solidaridad entre el contribuyente y el agente de percepción, no parece que jurídicamente pueda darse el carácter de sustituto al perceptor, aunque de hecho lo sea.

Es de destacar que la suma de deberes formales a los que se encuentran sometidos contribuyentes y responsables de diversas jurisdicciones resulta alarmante. Sobre el particular, no debemos olvidar la gran cantidad de deberes formales existentes a nivel nacional, a los que cabe sumar también los cada vez más numerosos de origen provincial y hasta municipal.

Decisorios como los comentados, emitidos por tribunales del fuero provincial tucumano, conforman una saludable “brisa de juridicidad” que sopla tenuemente sobre situaciones abiertamente arbitrarias que día a día se verifican en nuestro país por el accionar descontrolado de los fiscos.

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