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Impuesto de Sellos - Nuevas definiciones de la CSJN

29/04/2015 - Por Diego Fraga / Damián Navarro



El 25 de marzo de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa Grainco Pampa SA rechazando la pretensión del fisco de La Pampa de gravar con impuesto de sellos acuerdos que no estaban instrumentados en un único documento. El fisco planteaba que existía un complejo documental que justificaba la aplicación del impuesto.

Es importante destacar que la pretensión del fisco se fundaba en que si bien el contribuyente no instrumentó un contrato existían documentos que eran eslabones de una cadena que acreditaba la existencia de las operaciones y que por ende quedaban alcanzados por el impuesto.

Así, el fisco de La Pampa determinó una deuda en concepto de impuesto de sellos de casi 1 MM por operaciones celebradas entre los años 1996 a 2002. Para impugnar esa determinación ante la justicia la empresa debió pagar previamente el monto reclamado y la deuda fue confirmada por la justicia provincial con sustento en la teoría del complejo instrumental.

Contra la decisión del Tribunal Judicial de La Pampa, la empresa interpuso recurso extraordinario federal que fue concedido por la Corte y que revocó la sentencia apelada.

Para fundar su decisión la Corte Suprema reiteró el principio de que el impuesto de sellos es de carácter instrumental y que la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos exige que el instrumento gravado revista los caracteres de un título jurídico con el que se pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento.

Cabe destacar que la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.548) consagra el principio instrumental del impuesto de sellos toda vez que en su Art. 9, inc. b) apartado 2, establece que, en las jurisdicciones adheridas al régimen, “…el impuesto de sellos recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley 21.526.”

Es decir, la Corte descartó cualquier aplicación de la supuesta teoría del complejo documental argumentada por el fisco para aplicar el impuesto de sellos.

Además, la Corte también desestimó la aplicación del principio de realidad económica en el ámbito del impuesto de sellos porque ese principio carece de la relevancia que pueda tener en otros tributos toda vez que lo que se grava con el impuesto de sellos es la instrumentación del acto.

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