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Cobro de cargos específicos por la importación de gas natural

27/07/2015 - Por Navarro, Damián / Ibarzábal Murphy, María

Con fecha 11 de diciembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió convalidar, en el marco de la causa “Alliance One Tobacco Argentina S.A. c/ Estado Nacional s/ Procedimiento Ordinario” la constitucionalidad del régimen previsto por el Decreto N° 2067/08. Para así decidir, el Máximo Tribunal sostuvo que los cargos especiales previstos por la referida disposición no constituyen un tributo sino un componente más de la tarifa al que no se le aplica principio de legalidad en materia tributaria.



El 16 de diciembre la Corte reiteró esa decisión en un grupo de expedientes iniciados por empresas y defensores del pueblo provinciales, remitiéndose a los fundamentos de lo resuelto en la causa “Alliance One Tobacco Argentina”. Entre estas causas se encuentra la iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación en el que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había otorgado una medida cautelar suspendiendo la aplicación del cargo específico con efecto erga omnes. Esta Medida Cautelar fue revocada por la Corte donde por único argumento el Máximo Tribunal se remitió a lo resuelto en la causa “Alliance One Tobacco Argentina”.

Frente a dicha decisión, surge la posibilidad de que el Estado Nacional (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) como creador del Fondo Fiduciario que recibe los cargos específicos, el Ente Regulador (que instruye a las Distribuidoras a cobrar los cargos específicos), las Distribuidoras (que cobran de los usuarios los cargos específicos), o el Fiduciario del Fideicomiso, comiencen a exigir el pago del cargo específico e incluso a reclamar los montos no abonados en forma retroactiva.

Al respecto, conviene recordar que, mediante el Decreto N° 2067/2008, de fecha 27 de noviembre de 2008, el Poder Ejecutivo de la Nación resolvió crear un fondo fiduciario para atender a las importaciones de gas natural con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias (artículo 1°), el cual se encontraría integrado por: i) cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los sujetos consumidores de gas que reciben directamente el gas de los productores sin hacer uso de los sistemas de transporte o distribución de gas natural y por las empresas que procesen gas natural; ii) los recursos que se obtengan en el marco de los programas especiales de crédito que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales; y iii) a través de sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector (artículo 2°).

Ahora bien, como es sabido, la constitucionalidad y aplicación de dicha disposición, y demás normativa reglamentaria, fueron objeto de sendos pronunciamientos judiciales, los cuales mantuvieron discutida su validez jurídica y durante los últimos años suspendiendo el cobro efectivo de los cargos allí previstos. En este sentido, se detallan a continuación, las precedentes más importantes en la materia:
1. Medidas Cautelares con efectos “erga omnes”: En el marco de las causas “Defensor del Pueblo de la Nación – Inc. Med. c/ EN –Dto. 2067/08- M° Planificación –Resol 14517/08 y otro s/ Proceso de Conocimiento", del 10 de septiembre de 2009 y "Defensor del Pueblo de la Nación –Inc. Med. c/ ENARGAS Resol 615/09 s/ proceso de conocimiento" del 22 de septiembre de 2009, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió las medidas cautelares solicitadas por la parte actora -cuyos efectos se extendieron “erga omnes” - ordenando al Ente Regulador a que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada, instruya a los agentes de recaudación del cargo tarifario a que permitan que los usuarios afectados por los efectos propios del Decreto 2067/08 y normas complementarias, puedan seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen anterior al dictado de las normas impugnadas en la causa con el carácter de pago a cuenta; y que, en el caso de falta de pago del cargo tarifario, las empresas prestadoras se abstengan de suspender, interrumpir o cortar el servicio público de gas. Ello sin perjuicio de una gran cantidad de medidas cautelares favorables a empresas, asociaciones de consumidores y defensores del pueblo provinciales, otorgadas por tribunales de todo el país.
El fundamento de dichos fallos se centró en la naturaleza tributaria que los cargos ostentaban, lo que hacía exigible la preexistencia de una Ley dictada por el Congreso a los efectos de respetar el principio de legalidad tributaria.

2. Declaración de la cuestión debatida como “abstracta”: Con fecha 1° de noviembre de 2012 el Congreso de la Nación ratificó legislativamente los cargos específicos mediante la Ley N° 26.784 (Ley de Presupuesto 2013), la cual dispuso, en lo que aquí interesa que, “[e]l cargo y el fondo fiduciario creados por el Decreto 2067 de fecha 27 de noviembre de 2008, se regirán por lo previsto en la Ley 26.084, considerándose incluidos dentro de las previsiones de la citada ley todos los actos dictados en el marco del decreto 2067/2008”.
Así las cosas, y ante el respaldo legal otorgado, en la causa “Defensor del Pueblo de la Nación” antes mencionada el Estado Nacional solicitó que se revoquen las medidas cautelares oportunamente otorgadas, y se declare abstracta la cuestión debatida por entender que con el dictado de la Ley N° 26.784, se modificó el marco legal vigente y se le otorgó jerarquía legal al cargo creado por el Decreto N° 2067/08. Dicha pretensión fue acogida en primera instancia, aunque parcialmente confirmada por la Cámara de Apelaciones. Según la Cámara, queda pendiente resolver sobre la validez o no del cargo específico desde la fecha de creación de los cargos específicos por Decreto N° 2067/08 hasta el momento de entrada en vigencia de la Ley N° 26.784.

3. Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e impacto en otras causas: La decisión de la CSJN en la causa “Alliance One Tobacco Argentina” ha repercutido en el resto de las causas en trámite ante instancias inferiores al justificar la revocación de cautelares otorgadas, e incluso rechazar las acciones judiciales en las que sólo se cuestionó el cargo específico por su naturaleza tributaria.
En este estado de las cosas, y frente a la convalidación de los cargos específicos dispuesta por el Máximo Tribunal de la Nación, lo cierto es que existe el riesgo de que los usuarios reciban en sus próximas facturas el cargo específico por gas importado e incluso reclamos por los cargos específicos devengados en los últimos años y que no hayan sido pagados por parte de los usuarios.

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