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Inconstitucionalidad de los regímenes especiales de retención que crean saldos a favor

17/07/2015 - Por Damián Navarro / Elida Naya Russo

Actualmente, en los tribunales de la CABA han sido dictados diversas sentencias en relación con la constitucionalidad del sistema vigente regulador de retenciones y percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.



Como ya es conocido, en autos “SA Importadora y Exportadora de la Patagonia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘SA Importadora y Exportadora de la Patagonia c/GCBA s/amparo”, (sentencia del 4/9/2007) el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de tratar este tema, determinó que las retenciones, percepciones, anticipos y pagos a cuenta no deben superar en su conjunto la obligación fiscal que deba afrontar el contribuyente.

En línea con lo definido por el Tribunal Superior de Justicia, el pasado 26/06/2015 en autos “GASOLEO SA. CONTRA GCBA SOBRE OTRAS DEMANDAS CONTRA LA AUT. ADMINISTRATIVA” el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 24 hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de los Decretos Nº 1150/90 y 2133/0, reguladores de las retenciones para entidades que liquidan las operaciones de bienes y servicios realizados mediante tarjetas de compras, de crédito y similares (sentencia que no se encuentra firme).

Para así decidir el Juzgado consideró que se generaban en la empresa actora constantes y crecientes saldos a favor, cuyo monto resulta de un importe superior al valor de la obligación fiscal que efectivamente debía afrontar, no permitiendo que el saldo se vaya compensando hasta lograr agotarlo, lo cual se agravaba al no existir posibilidad de exclusión. Por ello, estimó que dicho régimen viola tanto del derecho a la propiedad como del principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria.

Con idéntico razonamiento, en autos “Delfino Magnus SRL c/CGBA s/Amparo”, el mismo Juzgado concedió una medida cautelar, ordenando a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) la suspensión de la aplicación a la actora del régimen de recaudación establecido en el Decreto Nº 1150/90, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Para así decidir, el juez señalo que surgía de la prueba acompañada que se estaría reteniendo en exceso y que el saldo a su favor era muy superior al impuesto determinado.

Sin embargo, como consecuencia de la apelación efectuada por el fisco, con fecha 11 de mayo de 2015, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad revocó la medida ordenada, porque consideró que la prueba documental agregada era insuficiente para probar que los saldos a favor fueran a mantenerse o incrementarse. Asimismo, destacó el tribunal que en el escrito de demanda la actora no había descripto ni siquiera mínimamente su operatoria comercial y que un examen liminar del planteo y de la incompleta prueba acompañada no bastaba para considerar probado, en esa etapa del proceso, que el derecho invocado por aquélla resultara verosímil. Por último, la Cámara estimó que los argumentos esgrimidos por la actora no habían sido suficientes para demostrar que los plazos previstos en la vía sumarísima del amparo resulten inadecuados para resguardar los derechos invocados o que tornen inoperantes los efectos de la sentencia definitiva.

Estas opiniones encontradas en las distintas instancias de la Justicia en lo Contencioso Administrativa de la CABA merecen ser tenidas en cuenta a la hora de registrar retenciones en forma reiterada, obligando a extremar las pruebas a acompañar y ofrecer al momento de presentarse ante los tribunales, a fin de acreditar acabadamente la retención excesiva, su constancia y la imposibilidad de recuperar los saldos generados por la aplicación en el caso particular de este régimen de retenciones.

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