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La Corte Suprema convalidó los cargos específicos por la importación del gas

12/17/2014 - Por Damián H. Navarro

El 11 de diciembre de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la causa Alliance One Tobacco Argentina SA y declaró constitucional el Decreto Nº 2.067/2008 que estableció los cargos específicos para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales.



Ya antes se había expedido sobre la validez de los cargos específicos para ampliar la infraestructura y esta vez la Corte destacó que el cargo específico es parte de la tarifa a la que están obligados a pagar los usuarios. Como el cargo específico tiene naturaleza tarifaria, no se encuentra sujeto al principio de legalidad en materia tributaria.

Según surge del Considerando 6º, la Corte señaló que “el cargo previsto en el art. 2 ° del decreto 2067/08 no constituye un tributo sino un componente más de la tarifa, que representa la parte del precio del gas importado que debe afrontar el usuario y tiene relación proporcional con los metros cúbicos de gas que recibe. Cabe destacar al respecto que, según el decreto, no todo el costo del gas debería financiarse con el cargo, puesto que también se incluyen en el fondo fiduciario a los recursos procedentes de programas especiales de crédito y los aportes específicos de sujetos activos del sector.”

Es importante destacar que la Corte atendió que por ser tarifa el cargo específico debe cumplir con los requisitos de validez previstos en el Marco Regulatorio establecido por la Ley Nº 24.076. Al respecto, la Corte señaló que el actor no había demostrado que el valor del cargo que paga por el gas importado exceda el costo de lo que realmente consume por ese concepto ni alegó fundadamente la irrazonabilidad del método utilizado para su cálculo. Es que las tarifas a pagar por los usuarios deben ser justas y razonables, resultando inválidas si se aparta de esa exigencia.

Queda entonces abierta la vía de acción ordinaria para aquellos usuarios que consideren que la tarifa (que incluye el cargo específico) no es justa ni razonable.

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