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Acciones de Clase

03/20/2015 - Por Pozzi Santamarina, Guadalupe / Frene, Lisandro

Mediante los recientes fallos “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros” y “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” (ambos dictados en febrero 2015), la Corte Suprema de Justicia de la Nación continua delineando los requisitos necesarios para la procedencia y admisibilidad de las llamadas “acciones de clase” o procesos colectivos, originalmente establecidos en los fallos “Halabi” y “Padec”.



Así es que, en los últimos años, han sido numerosos los casos en los que la Corte se ha pronunciado sobre los requisitos para la pertinencia de este tipo de procesos (“Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A.” -marzo 1014-; “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Banco Itaú Buen Ayres Argentina S.A.” -junio 201-; “Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.” -junio 2014-; Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales” -noviembre 2014-; “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros” -febrero 2015- ; “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” -febrero 2015-, entre otros), ya sea, admitiendo o rechazando la legitimación de las diferentes asociaciones demandantes.

Cabe destacar que en la mayoría de los casos antes referenciados los procesos fueron iniciados por Asociaciones de Consumidores cuyos reclamos consistieron, en términos generales, en hacer cesar a las empresas demandadas en el ejercicio de prácticas abusivas y/u obtener la declaración de nulidad de cláusulas contractuales; y/u obtener la restitución de sumas de dinero indebidamente percibidas, siempre, en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 de la Constitución Nacional, y en tanto el accionar de estas compañías ocasionaba una lesión a una pluralidad de consumidores.

La excepción estuvo dada en el caso “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados” –febrero 2015-, en donde la reclamante fue una Asociación Civil y la demandada no fue una empresa sino el “Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”. En este caso el objeto de la acción consistió en que se reconozca el derecho a la cobertura integral de prestaciones en favor de personas con discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas. De este modo, la Corte puso el acento en el fuerte interés estatal que debe existir en la protección de los derechos de una “población altamente vulnerable, no solo por la discapacidad que padece sino también por su situación socio-económica”.

Viene al caso recordar que la CSJN en oportunidad de dictar sentencia en los autos “Halabi, Ernesto c. PEN –ley 25.873- dto.1563/2004 s/ amparo ley 16.986”, -24 de febrero de 2009-“, (con un criterio confirmado luego en el fallo “PADEC c. Swiss Medical S.A.”), y en la búsqueda de otorgar operatividad al art. 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, distinguió tres categorías de derechos: (i) Individuales, (ii) de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y (iii) de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

Respecto a los derechos enunciados en la tercera categoría, expresó que ellos derivan del art.43 de la Constitución Nacional, tales como los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente, los derechos de usuarios y consumidores y los derechos de los sujetos discriminados.

Asimismo, en ese precedente, la CSJN delineo los requisitos que deben verificarse para que la acción colectiva sea procedente. A saber:

1. Verificación de una causa fáctica común: si bien en estos casos no hay un bien colectivo -ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles- hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.
2. Una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho: la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes de ese hecho y no en lo que cada individuo puede peticionar. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.
3. La constatación de que el interés individual, considerado aisladamente, no justifique la promoción de la demanda: hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte –salvo en lo que hace a la prueba del daño-.
Sin perjuicio de los tres requisitos señalados, explicó que también serían procedentes estas acciones colectivas, cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista una fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.

Por ultimo viene a tema mencionar que en el mes octubre de 2014, la CSJN dictó la Acordada Nº 32/2014, a través de la cual se creó y reglamentó el Registro Público de Procesos Colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación, cuyo funcionamiento es público, gratuito y de acceso libre.

En su art. 3 –entre otros requerimientos- la Acordada obliga a los jueces donde está radicado el pleito, a comunicar la información necesaria a dicho Registro “tras haber dictado la resolución que considera formalmente admisible la acción colectiva; identifica en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; reconoce la idoneidad del representante y establece el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio”. Esta Acordada parece regular una suerte de instancia de certificación de la acción colectiva, exigiendo a los tribunales expedirse sobre la procedencia del proceso colectivo PREVIO a considerarlo como tal, y sin regular la intervención de la contraparte. Por otra parte, dispone (art. 7) una amplia accesibilidad a la información contenida en el Registro, en tanto prevé que “toda persona podrá acceder gratuitamente por vía electrónica y mediante un procedimiento sencillo”.

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